los "piquetes" ¿son constitucionales?

Nota publicada en la revista nº 23 de "Comunidad & Desarrollo" del mes de junio de 2014

los

 Los “piquetes”: ¿son constitucionales?

Por Raúl Gustavo Ferreyra*

El piquete es uno de los paradigmas en los cuales se concentra, posiblemente, la protesta comunitaria. Consiste en la interrupción -no total ni violenta, léase bien- del tránsito normal de una vía de comunicación, conducta orientada a la obtención de mejores condiciones de vida o a que no empeoren las existentes1.
En clave constitucional: (a) los derechos de quienes deciden participar deben ser descriptos como el ejercicio del derecho de libertad de expresión, artículos 14 y 19, respectivamente, de la Constitución federal; sumar también: asociación con fines sociales, de trabajar, de reunión y petición porque, también, la protesta puede incluir a dichas facultades. (b) Comúnmente, el desarrollo de la protesta callejera evidencia, en idéntico tiempo y semejante espacio, el derecho de libertad de los ciudadanos que no participan en el evento -pero que necesitan o deben pasar por la zona bloqueada de manera transitoria y parcial- y que resultaría perjudicado; aunque, en rigor, el derecho de todos los habitantes de transitar por las rutas y caminos (art. 14 de la Constitución) fuere en general el derecho constitucional más afectado.
¿Cómo debe ser resuelta la situación, cuando un grupo de manifestantes impide el tránsito en una ruta o calle, dejando -siempre- escaso espacio para que otros ciudadanos puedan transitar con sus vehículos o caminar? Dos principios constitucionales entran en tensión: el derecho fundamental a protestar y el derecho fundamental de libertad de todos aquellos que no lo hacen pero quieren transitar u ejercer otro derecho. Pareciera que uno de los dos principios debe ceder, completa o parcialmente. ¿Por qué? Porque en las colisiones de principios constitucionales -que genéticamente no lo son, sino que ello es resultado de una aplicación específica de sus mandatos a un hecho contingente-, si dos normas son aplicadas independientemente, conduciendo a resultados incompatibles, es decir,
22 Comunidad & Desarrollo
dos juicios de deber ser jurídicos contradictorios, uno de ellos debe hacer una concesión al otro. Tal tensión es, preferentemente, un problema perteneciente al campo de los problemas lógicos de la interpretación constitucional.
Así, en el caso elegido, la aceptación de la restricción global de la protesta callejera significaría, literalmente, el vaciamiento total del contenido del derecho de libertad de expresión. No ocurre lo mismo si se acepta otra hipótesis interpretativa, donde el derecho de quienes no participan de la protesta callejera sufre una importante dilación para su ejercicio, pero que, sin lugar dudas, podrá ser ejercido en el futuro cercano e inmediato. En caso de aceptarse la constitucionalidad de la protesta, en los términos expuestos, los derechos de las personas que no participan en la reunión no quedan anulados; sólo -en principio- quedan sometidos a una reprogramación de su ejercicio. Hay, en definitiva, una suerte de prelación lógica, entre las distintas hipótesis interpretativas; haciendo abstracción de la dimensión del interés público que pueda esgrimirse para intentar coartar el derecho de libertad de expresión.
Dos son, entonces, las posibles lecturas que coexisten para la realización constitucional. Aplicando, rigurosamente, una de ellas (la débil), un derecho (el de libertad de expresión) queda vaciado de contenido; y el otro (el derecho de libertad de transitar), lleno. La segunda hipótesis interpretativa (la fuerte) permite optar por la posibilidad de que un derecho quede lleno (libertad de expresión), y el otro pueda ser inmediatamente llenado. Parece entonces que no podrían caber dudas de que sólo una de las alternativas interpretativas es lógicamente posible.
La protesta callejera encaja como el ejercicio regular de un derecho, motivo por el cual, en principio, no cabría suponerse la derivación de ninguna antijuridicidad. No es en sí misma un abuso del derecho; pero, desde luego, puede serlo en caso de que, por ejemplo, no exista vía alternativa para terceros de paso o no se deje espacio mínimo para transitar; el mitin promocione o realice actos hostiles o de violencia; el objeto de la asociación no sea el de llevar adelante la protesta encaminada al cambio social sino, más bien, cometer delitos indeterminados. La protesta callejera, en principio, debe ser entendida como debate público de ideas y propuestas, por más débiles, inconsistentes o repulsivas que puedan parecer.
El derecho de libertad de expresión -en este caso: que se ejerce para criticar cualquiera de las funciones del gobierno, pero también discernible o aplicable para actos u omisiones de particulares- queda sometido al principio de responsabilidad ulterior, por lo que no puede decidirse su limitación sin que tal restricción no comporte una irrazonable lesión a su núcleo esencial. No es un derecho absoluto. Pero es cierto que obstruir el derecho de libertad de expresión, donde quienes lo ejercen, mediante la reunión y petición pacífica ponen de manifiesto un estado de necesidad extremo y casi terminal, no condice con ningún “interés público” que pudiere dar rienda a una justificación de la intervención. El lenguaje expresado por quienes protestan en un piquete parece -reitero: en los términos “aquí” conjugados- entonces, la expresión del lenguaje contemplado y auspiciado por el juego de los principios receptados en los artículos 14 y 19 de la Constitución federal. A dicha plataforma deben añadirse los principios de igual jerarquía provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿O no es el derecho a debatir y disentir el núcleo de nuestro régimen republicano de gobierno? Si los nudos se deshacen con la inteligencia y se destrozan con el sable, no cabría duda de que la opción racional para analizar esta especial forma de queja comunitaria, no fuere más que la tolerancia Y también el compromiso cívico, que incluye su posible y adecuada reglamentación legal, si fuese factible sin desnaturalizar o afectar el contenido esencial del derecho.

* Abogado constitucionalista

1) Texto publicado originariamente en Infojus: DACF140177 el 31/3/2014


Descargar documento adjunto

Deje su comentario: