Economía Popular

Hacia una legislación sobre la economía social y solidaria

Economía Popular - Hacia una legislación sobre la economía social y solidaria

 

Hacia una legislación sobre la economía social y solidaria (economía popular)

 

Antes de formalizar una legislación que proteja los sistemas de economía social y solidaria (economía popular) que se han ido gestando en los últimos años cabe intentar una definición anterior acerca de la concepción de estos sistemas. En tal sentido y en términos muy esquemáticos, podríamos decir que hay dos maneras de abordar la cuestión. Por una parte, a través de un enfoque que pretende transformar el sistema económico y social asumiendo una perspectiva que intenta influir en el conjunto social, lo que requiere impregnar todas las instituciones de carácter económico de valores solidarios. Por supuesto, ello incluye a la propia institución estatal y por lo tanto al sistema impositivo, a la política de ingresos, al régimen de propiedad, al sistema financiero, etc. Como ejemplo de ello puede mencionarse el caso ecuatoriano en el cual la reforma constitucional introdujo una definición trascendental en ese aspecto al establecer en su artículo 283 que “el sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria”. Es decir, que el carácter social y solidario del sistema económico se define desde el propio texto constitucional.

 

Por otra parte, puede restringirse el concepto de economía social y solidaria a un sector de la economía mixta. Esto es, propiciar la conformación de un sector específico que funcione bajo valores solidarios y no exclusivamente de mercado.

 

Este último entendemos que debería ser el enfoque a desarrollar para la formulación de un proyecto de ley en las condiciones actuales de la Argentina.

 

Hay que tener presente que las experiencias de economía social y solidaria abarcan un conjunto de prácticas que tienen una serie de aspectos comunes (hasta podríamos hablar de principios, como un intento de definición de las mismas) y un conjunto de características diferenciales. En primer lugar, todas son (o deberían ser, nuevamente, a los efectos de una definición) asociativas y solidarias, en uno u otro grado. Todas tienen también un sentido de creación que intenta resolver necesidades de sus miembros o de las comunidades. Pueden tener origen comunitario o resultar de la libre asociación de individuos, trabajadores o integrantes de una familia. Algunas actividades son de carácter mercantil, su propósito es vender o comprar, producen para el mercado. Otras producen para su propio consumo, el de su familia o el de la comunidad. Unas están altamente institucionalizadas, reguladas, registradas, asumen un carácter jurídico. Otras son informales, integran la denominada “economía subterránea”. Hay ciertas experiencias que se rigen por reglas de propiedad, apropiación e intercambio diferentes a la lógica del mercado.

 

A partir de estas realidades es que pueden visualizarse algunos inconvenientes y problemas. No todas las formas que van tomando estas experiencias pueden encuadrarse dentro de las formas jurídicas existentes. Por lo tanto, pareciera que, aún cuando la legislación tenga el carácter restringido que hemos definido, la institucionalización de las experiencias existentes de economía social y solidaria y las políticas públicas para su fomento requerirán tipificar y definir con cierta precisión los principios, características,  funcionamiento y organización para incluir y diferenciar beneficiarios. Una estrechez conceptual en este sentido podría dejar afuera valiosas experiencias.

 

Una alternativa para evitar caer en la encrucijada que plantea la definición de nuevas formas jurídicas es ensayar la combinación (y definición) de valores, características y principios antes que la precisión de formas jurídicas. Ello debería ser complementado por la aplicación de políticas públicas. Entre esos principios podemos mencionar:

·         Primacía de la persona y el objeto social sobre el capital;

·         Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad;

·         Conjunción de los intereses de los miembros y del interés general;

·         Control democrático por parte de los miembros;

·         Adhesión voluntaria y abierta;

·         Autonomía de gestión e independencia de los poderes públicos;

·         Aplicación de los excedentes para el crecimiento de la actividad, la mejora de los servicios a los miembros y el interés general.

 

La legislación debería tener un fino equilibrio entre la institucionalización (amplia) y el reconocimiento y habilitación para la acción pública. Asimismo, debería reconocer las diversas formas de trabajo existentes: voluntario, comunitario, cooperativo, asociativo, autogestionado, etc. Sería importante que se puedan reconocer formas de concentración o centralización democrática de la Economía social y solidaria, para contrarrestar fuerzas del mercado. También como formas de fortalecimiento y extensión alentar subsistemas de producción y reproducción intersectoriales, regionales, y territoriales para evitar situaciones de aislamientos.

 

Es absolutamente necesaria la amplia participación, tanto en el debate de los principios señalados como en la redacción y discusión del proyecto de ley de todos los sectores que hoy integran el espacio de la economía social y solidaria (economía popular).

 

Resulta importante también aclarar que el concepto y por lo tanto las definiciones y acciones de las políticas públicas no debe quedar restringido para las prácticas desarrolladas por los sectores más postergados de la sociedad, sino que debe ampliarse a nuevas formas de propiedad y de vinculación social. De esta manera, y respetando los principios antes enunciados, quedarían incluidos sectores que puedan incorporar altas tecnologías e innovaciones, de alta productividad y hasta capital intensivas. Volviendo al comienzo de estas consideraciones, se trata de impulsar y desarrollar un sistema social con tres áreas delimitadas: sector privado, sector público y economía popular.

 

La ley de Emergencia Social (Nº 27.345)

 

A fines del año 2016 y luego de una intensa y tenaz lucha de las organizaciones y movimientos sociales, el gobierno nacional tuvo que acceder a declarar por ley la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019. El artículo 2º establece como objeto “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular”…..”con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.

La ley creó un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario donde tienen una importante participación las Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas.

 

Hay dos cuestiones de gran importancia a ser destacadas en el contenido de la ley. Por una parte, la asignación de un fondo de 25.000 millones de pesos para todo el periodo de vigencia, es decir, hasta fines de 2019, que podrá ampliarse en 5.000 millones adicionales y, por otra, la transformación progresiva de los programas sociales en Salario Social Complementario.

 

Es indudable que la sanción y aplicación de esta ley implica una serie de beneficios para los sectores de la economía popular. Pero también es cierto que sus objetivos se centran en la solución de una situación de emergencia y tiene fecha de vencimiento. Es por ello que debe instrumentarse un mecanismo que le dé  institucionalidad permanente al sector con definiciones y características propias. En eso consisten los futuros avances.

 

 

 


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