Defensa de la Competencia

Mejorar la legislación y su aplicación

Defensa de la Competencia - Mejorar la legislación y su aplicación

 Mejorar la legislación y su aplicación en Defensa de la Competencia

Dos hechos de la coyuntura actual, la persistencia de la inflación y la fusión de las empresas Telecom y Cablevisión, replantean el debate sobre la necesidad de contar con una eficaz política antimonopólica, o de defensa de la competencia como la denomina el pensamiento neoliberal.

A pesar de que la Argentina tiene legislación desde 1923, con sus modificaciones y actualizaciones, no ha habido, por diferentes razones, una política eficaz en esta materia. En otros trabajos lo hemos analizado.

La consolidación de una política antimonopólica consecuente debería ser parte de una estrategia de democratización de la economía, de redistribución de la riqueza y de acompañamiento a una política antiinflacionaria. Además de la necesaria voluntad política del gobierno para motorizarla es necesario mejorar la legislación vigente, dotar al organismo estatal encargado de su aplicación de recursos presupuestarios y de personal profesionalizado.

La falta de aplicación de la legislación existente y la escasa capacidad institucional para llevarla adelante, hace que tampoco existan acciones decididas desde la sociedad civil para impulsar casos en materia de conductas anticompetitivas y ejercicio de abusos de poder de mercado. No es que éstos no existan, por cierto, sino que no hay acciones decididas en tal sentido. Ni desde sectores empresariales, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, o de competidores desplazados por abuso de poder de mercado, ni desde asociaciones de consumidores se desarrollan acciones en tal sentido.

En los países donde la política antimonopólica constituye un instrumento clave de política económica es la propia sociedad civil la que la hace funcionar. Lejos está Argentina de esa situación. Pero es desde el compromiso de sus gobernantes desde donde debe partir el puntapié inicial para una aplicación eficiente, para construir un vínculo significativo con el mejoramiento de las condiciones en que opera nuestra economía.

Pero para que esto sea posible, entre otras cuestiones, hay que mejorar la legislación vigente y por supuesto su aplicación, aunque esto depende más del Poder Ejecutivo. En tal sentido se propone:

Aspectos a considerar en una reforma de la ley de Defensa de la Competencia

 

a)      Debe eliminarse el criterio que tiene la legislación actual de que los actos anticompetitivos, o que afectan la competencia, tienen que ser lesivos al “interés económico general”, un concepto jurídicamente vago y de difícil aplicación, lo cual plantea considerar otros objetivos para darle mayor precisión a los que se contemplan en la actual legislación. Los beneficiarios de la ley deben ser: la sociedad en su conjunto, la pequeña y mediana empresa y los consumidores.

b)      En concordancia con lo anterior se debe establecer la prohibición general de ciertas conductas anticompetitivas sin necesidad de que la autoridad de aplicación evalúe su impacto económico.  Hechos tales como la concertación de precios, el reparto de zonas de mercado o el arreglo en las licitaciones deben constituir delitos en sí mismo, sin necesidad de probar o cuantificar el daño económico.

c)      La ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia contempla algunas excepciones para el control de las fusiones que deben ser revisadas, ya que existe la sospecha que fueron introducidas para casos particulares. También deberían derogarse los agregados que se hicieron mediante el DNU Nº 396/01 impulsado por Domingo Cavallo, ya que relativizan la aplicación de la ley.

d)     Se debe modificar la ley para que expresamente se prohíba el perfeccionamiento de  operaciones que están siendo evaluadas por la autoridad de aplicación, autorizando la aplicación de multas si esto sucede.

e)      Una modificación de la legislación debería Introducir la figura de “particular interesado” para que asociaciones de consumidores, cámaras empresarias y otros similares puedan participar de las denuncias y, en determinados casos ser parte del procedimiento.

 


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