Los escándalos de la privatización del Correo Argentino II

por Américo García

Los escándalos de la privatización del  Correo Argentino II - por Américo García

 Los escándalos de la privatización del  Correo Argentino II

El acuerdo firmado por un funcionario del gobierno de Mauricio Macri con el Grupo Macri relacionado con la deuda derivada del accionar de este grupo económico como principal accionista de la empresa que se hizo cargo de la privatización del Correo Argentino merece un pormenorizado análisis que no debe ser tan puntual, o sea, limitado a los términos del acuerdo en sí, porque dicho resultado refleja, por un lado, la indefensión en la que inescrupulosos funcionarios ponen al Estado Argentino cuando deben enfrentarse a los intereses de los grandes grupos económicos y, por otro, el accionar sistemático de estos grupos económicos para apropiarse de los recursos estatales, que en definitiva son recursos de toda la ciudadanía.

Es por ello que titulamos a este informe como “los escándalos” ya que la privatización del correo argentino concretada en el año 1997 está plasmada de una serie de situaciones irregulares de las cuales el mentado acuerdo no es más que un nuevo intento empresarial para transferir las pérdidas de una pésima gestión al conjunto de la ciudadanía argentina.

El acuerdo mencionado ya tiene su propia antigüedad, ya que se produjo en una audiencia convocada el 28 de junio de 2016 por las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballestrini y Ana Isabel Piaggi. Aunque esta última está excusada de intervenir desde el inicio de la causa. La propuesta inicial del Grupo Macri fue la de pagar en un plazo de 19 años y con un interés del 6 % anual. El representante del Estado Nacional  Juan Mocoroa, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, en un principio la rechazó. Hubo un cuarto intermedio, una nueva oferta y la aceptación por parte de Mocoroa, quien habría dicho que se aceptaba porque se ajustaba a las instrucciones impartidas. Ello supone que este funcionario con una jerarquía dudosa para tomar una decisión que compromete al Estado Nacional, tenía instrucciones y autorización para su decisión. Cabe consignar que este funcionario fue designado en forma transitoria por 180 días, es decir, que no pertenece a la planta permanente de la administración. Esto último, sin embargo, pone en duda su facultad para decidir sobre la cuestión. Igualmente resulta difícil creer que el funcionario representante del Estado Nacional haya actuado por cuenta propia y sin instrucciones expresas de sus superiores jerárquicos.

En definitiva, el acuerdo consiste en que el Estado Nacional, acreedor del Grupo Macri, aceptará el pago de la deuda original del año 2001 que asciende a 296 millones de pesos (sin ningún tipo de actualización ni intereses), en un plazo de 15 cuotas anuales, que comenzarán a pagarse en el año 2018 (o sea que se terminará de pagar en el año 2033), con una tasa de interés del  7 % anual. La mitad de la deuda será pagada en los dos últimos años, 2032 y 2033. Y el total de los intereses se pagarán en una última cuota número 16. En el cuadro a continuación puede observarse claramente el esquema de pago que comienza con un porcentaje equivalente al 1 % de la deuda por cada uno de los primeros cuatro años, continúa con un 2 % para cada uno de los siguientes cinco años y el 3 % para las cuotas 10 y 11. O sea, que en once años de los quince del plazo total solo se pagaría el 20 % del total.

 

Esquema de pago

Año                       %                            Monto cuota                     Acumulado

1                             1                             2.962.053.76                      2.962.053.76

2                             1                             2.962.053.76                      5.924.107.53

3                             1                             2.962.053.76                      8.886.161.28

4                             1                             2.962.053.76                      11.848.215.04

5                             2                             5.924.107.53                      17.772.322.57

6                             2                             5.924.107.53                      23.696.430.10

7                             2                             5.924.107.53                      29.620.537.63

8                             2                             5.924.107.53                      35.544.645.16

9                             2                             5.924.107.53                      41.468.752.69

10                           3                             8.886.161.29                      50.354.913.98

11                           3                             8.886.161.29                      59.241.075.27

12                           15                           44.430.806.47                    103.671.881.74

13                           15                           44.430.806.47                    148.102.688.21

14                           20                           59.241.075.30                    207.343.763.51

15                           30                           88.861.612.95                    296.205.376.46

16                           Intereses                                                           258.780.000

Total                                                    296.205.376.49                 554.985.376.46

 

Nótese las características de este acuerdo: en una corta audiencia (se ha hablado de una duración de media hora), después de 13 años de litigio y sin poder cerrar un acuerdo, se aprueba la propuesta del deudor, sin contar con un dictamen de la Procuración del Tesoro (organismo que agrupa a los abogados y abogadas del Estado y manejo sus juicios) y de ningún órgano de control de la administración, sin la presencia de la Fiscal, y firma un funcionario designado  transitoriamente y de tercera línea. Se acuerda un pago nominal, sin ningún ajuste ni intereses del capital original, a 15 años de plazo con una tasa de interés reducida y el pago total de intereses se estipula para una cuota adicional al finalizar el plazo. Además, y no es lo menos importante, no se hace ningún tipo de difusión pública de este acuerdo.

Recién se hace público cuando la Fiscal de Cámara Gabriela Boquin apela la decisión del representante del Estado Nacional. Son muy significativas sus argumentaciones y las cifras que expone: “La propuesta a la que prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”…”La propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a un suma inadmisible, por resultar equiparable a una condonación de la deuda”.

Además, expresa con claridad que con el cambio de gobierno se dio “un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad –que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”…“Deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer…”

La fiscal le encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que realizara el cálculo de la actualización de los valores involucrados en el acuerdo. El cálculo realizado es relativamente simple, aunque pueda ser cuestionado, pero permite evaluar con claridad el perjuicio fiscal. La deuda original era de 296 millones de pesos/dólares (ya que en el año 2001 aún regía la convertibilidad y la paridad 1 a 1). Si a ese monto se le agrega la tasa activa del Banco Nación que regía en el 2001 (1.46% mensual) se puede proyectar el monto hasta el momento de la supuesta homologación y hasta la finalización del pago. De esta manera se llega a la cifra actual de 4.277 millones y a la mentada cifra de 70.163 millones de pesos al final del plazo otorgado para el pago. De ahí que la fiscal pueda expresar que la quita real que se realiza es del 98.87 %.

Puede agregarse a las argumentaciones de la fiscal que también el acuerdo es violatorio de la ley de Ética Pública al beneficiar a una empresa propiedad de la familia del Presidente de la Nación.

Cabe consignar también que otro de los acreedores es el Banco de la Nación Argentina por alrededor de 50 millones de pesos, y que el directorio de ese Banco siguió las recomendaciones de su cuerpo técnico, al que consultó expresamente, y no aceptó la propuesta por considerarla que no era conveniente para la entidad.

La defensa que hizo el oficialismo

Una vez conocida la posición de la Fiscal Boquin y habida cuenta de las repercusiones que la cuestión tuvo, tanto en los diferentes ámbitos nacionales como internacionales, desde el oficialismo inicialmente se ensayaron una serie de argumentos en defensa del acuerdo. Veamos los más difundidos:

 

  • El deudor está pagando el 100 % de la deuda y con intereses. Sostiene este razonamiento que el Estado terminará cobrando con los intereses alrededor de 600 millones, con lo cual se afirma que no hay quita ni condonación. Sin embargo, juristas especialistas en la cuestión dicen lo contrario: “Tiene que haber un sacrificio mutuo: el acreedor cobra haciendo concesiones en materia de monto, plazo e intereses, pero el deudor debe hacer un sacrificio necesario para que no se licue el pasivo.”Es por ello que en los juicios se contempla una actualización del monto de la deuda en función del tiempo transcurrido.

Hay una doctrina de la “propuesta abusiva del deudor” que toma en cuenta entre otros factores si la quita en valores reales supera el 60 %.En este caso, dado el porcentaje de quita al que arriba la Fiscal, se trataría más de una verdadera licuación de pasivo que de una propuesta seria de pago.

  • No se puede actualizar porque la ley de quiebras lo impide. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo, sostuvo Aguad.

Lo que dice la Ley de quiebras es que se suspende el curso de los intereses, lo que no significa que cuando llegue el momento de la propuesta no se actualice la deuda. La suspensión de los intereses es para que no se agrave el pasivo del deudor y para determinar la proporción de cada deuda y, por consiguiente, la distribución de los votos para el momento de decidir la propuesta.

Hay fallos que argumentan que una propuesta de pago debe contemplar la incidencia de la depreciación monetaria.

La Corte Suprema ha expresado (fallo: “Línea Vanguard SA”, 2007) que se debe tener en cuenta “el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores que naturalmente resulta negada cuando la pérdida que se les impone es claramente excesiva”. También en el caso Arcángel Maggio la Corte dijo que la apreciación del carácter abusivo de la propuesta debía considerar el valor real de la quita ofrecida y validó expresamente que se hiciera un cálculo económico del valor real de lo ofrecido para medir cuál era el sacrificio que estaban haciendo los acreedores al resultar sometidos a esa propuesta.

Igual está claro que no se puede dolarizar por la ley de quiebras. La deuda no era en dólares, es en pesos. Pero lo que corresponde es hacer una actualización en base a lo que se denomina valor presente.

Históricamente pareciera haberse fijado un criterio por el cual no se puede pagar menos del 40 %; la quita no puede ser mayor al 60 % a valores reales, o sea valores actualizados teniendo en cuenta la inflación. También es abusiva si el deudor puede ofrecer más. En este caso, la pregunta sería si el Grupo Macri, uno de los conglomerados más fuertes de la Argentina, no puede hacer una oferta mejor.

En el fuero comercial hay muchos acuerdos homologados que incluyen intereses devengados durante el proceso concursal. La interpretación es entonces que el artículo 19 de la ley de quiebras suspende intereses pero no los condona. Se refiere a suspensión, que no es igual a interrupción o condonación 

En el caso del correo estaría pagando un poquito más del 1 % de la deuda real, técnicamente no es una condonación, pero en los hechos se le acerca bastante.

  • La herencia recibida. Se sostiene que el gobierno anterior no hizo nada y que por un enfrentamiento político el Estado no pudo cobrar. La quita se hizo durante el gobierno kirchnerista, dijo Aguad. Nótese que este tipo de afirmaciones además de falsear la realidad termina admitiendo que el transcurso del tiempo significa una quita en términos reales. Lo cierto es que el gobierno anterior rechazó las propuestas del deudor por considerarlas lesivas al interés público y además argumentó que no actualizar el monto de la deuda equivalía a la licuación del pasivo. Cabe agregar que las propuestas eran incluso mejores que la que terminó aceptando la administración de Macri.

 

  • Un deudor sin recursos económicos. Es lo que insólitamente expresó el Ministro Aguad. Agregó que si no se homologa se va a perder. Reconoció que es poco lo que se ha acordado, pero era lo único que se podía recuperar. Tratándose de uno de los grupos económicos más poderosos de la Argentina no caben muchos comentarios. Además el Grupo no quiere que se decrete la quiebra, lo cual es un elemento claro de presión que pueden utilizar los acreedores, que también según la legislación argentina podrían ir incluso contra la empresa controlante. La empresa Sideco Americana SA posee el control accionario de Correo Argentino SA y, a su vez, Socma SA (Sociedades Macri) es la controlante de Sideco.

 

·         La propiedad de Socma. Quienes salieron en defensa del Presidente argumentaron también que Mauricio Macri ya no tiene nada que ver con la empresa controlante. Sin embargo, hay informaciones que se dieron a conocer que expresan que si bien es cierto que siendo Jefe de Gobierno, Macri transfirió la propiedad de sus acciones a sus tres hijos, se quedó con un “usufructo” de por vida de las mismas, por lo que él continúa siendo el beneficiario económico del holding. Los hijos de Mauricio Macri no participarían ni económica ni jurídicamente de la empresa. El conflicto de interese queda entonces claramente explicitado.

Mala fe del Grupo Macri

Cuarenta y seis (46) días después de haber obtenido la conformidad del Estado Nacional a la propuesta de cancelación de su deuda, el Grupo Macri amplía y ajusta la demanda que había iniciado contra el Estado dos meses antes, por una suma de $ 1795 millones (al año 2009) más un adicional de 570 millones, con un interés del 11 %. Esta intención no fue comunicada ni al Tribunal interviniente ni a los funcionarios representantes del Estado Nacional. Convierte en más abusiva la propuesta de pago. La demanda fue iniciada el 13 de junio de 2016 por daños y perjuicios por la falta de pago de supuestas inversiones y el 12 de agosto amplió y ajustó esa demanda. Esta presentación nunca fue informada.

La manipulación del voto de la mayoría

También uno de los dictámenes de la fiscal Boquín analiza la forma en que fueron manipulados los votos de la mayoría de los acreedores para obtener el porcentaje necesario para aprobar el acuerdo propuesto por  Correo Argentino SA.

Para la aprobación se necesitan las dos terceras partes del capital adeudado. Más de 300 acreedores (el número exacto llega a 354) vendieron o cedieron su voto a un grupo integrado por 14 personas, en su mayoría vinculadas al Grupo Macri, y algunas incluso integrantes del directorio del Correo Argentino. Lo más escandaloso es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) cedieron sus créditos al Meinl Bank Antigua, propiedad en un 51 % de la constructora Odebrecht, para que votara en contra de sus propios intereses como acreedores. Lo mismo hizo el Banco Río, que cedió su parte al Banco de Servicios y Transacciones SA (BST), del cual es accionista el empresario amigo del gobierno Marcelo Mindlin, el actual dueño de IECSA, empresa socia de Odebrecht en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.  Guillermo Lehmann tenía el poder de 33 acreedores y Fernando Gabriel Carnevale el de 19. Ambos fueron miembros del directorio de Correo Argentino. Todo se relaciona con todo.

También hubo vaciamiento

Otro de los dictámenes de la fiscal denuncia que las empresas controlantes del Correo Argentino SA deberían devolver el dinero que se llevaron en el año 2016 desde cuentas vinculadas al concurso, que contaron con permiso judicial, pero a sabiendas que iban hacia un acuerdo con el Estado que les resultaría ampliamente favorable.

La empresa del Grupo, SIDECO, controlante del Correo, debe devolver dinero que cobró como alquileres con intereses en el edificio de Av Libertador. Y SOCMA debe devolver 2 millones de dólares que le pagó el Correo por la compra de acciones para un negocio automotriz. La fiscal Boquin demuestra que los gastos son exorbitantes y que no se relacionan con las actividades del Correo.

¿A foja cero?

Las repercusiones públicas que tuvo el escandaloso manejo de la deuda del Correo con el Estado Nacional llevó al Presidente de la Nación a afirmar que el diferendo debía volver a foja cero, denotando, a su vez, su involucramiento en ambos lados de la cuestión.

A partir de esta definición presidencial el Tribunal interviniente convocó, a pedido del Estado Nacional, a una audiencia que debía revisar el acuerdo entre la empresa del Grupo Macri y el Estado, que iba a realizarse el 16 de marzo. Horas antes de su realización el propio Estado, que la había solicitado, pidió su postergación por 120 días, que contándolos como hábiles, casualmente caerían luego de las elecciones del mes de octubre. La excusa fue que estaba a la firma del Presidente unos decretos para regular cuestiones vinculadas a conflicto de intereses. Regulación que en realidad no era necesaria ya que el tema está suficientemente tratado en la Ley de Ética Pública.  Además el Procurador, que según el artículo 1º del Decreto 201 que firmó Macri días después, debe asumir la representación directa del Estado Nacional en causas que involucren al Presidente o sus ministros, ya se había presentado en la causa del concurso del Correo un mes antes de la aparición de ese decreto.

Para la fiscal “no existen razones fundadas ni normativa vigente que habilite suspender el proceso por el término de 120 días” y el hecho configura “una demora injustificada en perjuicio de los acreedores.”


 

Una breve historia de la privatización.

En el mes de agosto de 1997 se concretó esta privatización adjudicándola por un plazo de treinta años  a un consorcio (Correo Argentino S.A.) conformado por Itron S.A. y Sideco Americana S.A. (ambas del grupo local SOCMA – Sociedades Macri–) con el 73,5% de las tenencias accionarias, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (12,5%), reservándose el 14,0% para los trabajadores de ENCOTESA, bajo el régimen impuesto por el Programa de Propiedad Participada ; contando el consorcio con la asistencia técnica postal de la británica British Post Office.

Al igual que en otras privatizaciones, el componente esencial de la oferta a tener en cuenta al momento de la transferencia de la empresa fue el monto de canon ofrecido, ya que con esta metodología se la había planteado. En este caso, el consorcio ganador que había ofrecido el monto de canon más elevado se comprometió al pago de 103,2 millones de pesos/dólares, en dos cuotas semestrales, o sea, 51,6 millones de pesos/dólares.

Los procesos de licitación y de adjudicación, al igual que otros casos de los años noventa, tuvieron sus vericuetos. Al llamado a licitación se presentaron seis oferentes pero con la apertura del primer sobre –calificación técnica– tres quedaron descartados porque no cumplían con la condición –requerida por el pliego de licitación– de contar con la asistencia técnica de un correo perteneciente a la Unión Postal Universal (UPU). En realidad, esa condición era casi imposible de cumplir dentro del margen de tiempo que otorgó el proceso de licitación debido a que la gran mayoría de los miembros de la UPU son correos estatales que, para tomar un compromiso de esta naturaleza, debían ser autorizados por el congreso de sus respectivos países. De allí que sólo quedaron –después de la apertura del primer sobre de la licitación– tres oferentes, que contaban con el respaldo técnico de un miembro activo de la Unión Postal Universal.

Estos estuvieron conformados de la siguiente manera:  el primero,  en partes iguales, por el Citibank, Telefónica, y el grupo local Werthein –a través de la Caja de Ahorro–, con el 33,3% cada uno, que contaban con la asistencia técnica del correo de Nueva Zelanda; el segundo, se articulaba en torno a Samuel Liberman (empresario local con fuerte presencia en una de las principales firmas de televisión por cable), la empresa TAC (Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores Cuyo) y el grupo local Román –transportista– con el apoyo técnico del correo alemán; y el tercero integrado por  el grupo local SOCMA, con participación minoritaria del Banco de Galicia y Buenos Aires, contando con la asistencia técnica de British Post Office.

En la apertura del segundo sobre –oferta económica–, el primero de los que superaron la primer instancia, presentó una oferta de canon de 60 millones anuales, mientras que el controlado por Liberman ofertó 98 millones de pesos anuales, al tiempo que el liderado por SOCMA superó a ambas (102,6 millones). Debido a que una cláusula del pliego de licitación decía que entre la oferta del primer oferente y la del segundo debía haber, por lo menos, un 5% de diferencia para otorgarle la concesión al primero, se decidió pasar a una segunda instancia donde el consorcio Correo Argentino S.A. (CASA) ofreció 103,2 millones de pesos, mientras que el restante mantuvo su propuesta original. De allí que, finalmente, CASA resultara adjudicatario de la concesión.

Llama la atención en este caso la gran diferencia numérica entre las dos primeras ofertas y la tercera, siendo esta última un 40 % menor. Técnicos del consorcio donde participaban Citibank, Telefónica y Werthein sostuvieron que sus números estaban bien hechos y que una oferta muy superior o contenía gruesos errores o apostaban a una futura renegociación y modificación contractual para cerrar esos números.

Algo de eso fue lo que ocurrió una vez que la empresa privada controlada por el Grupo Macri se puso en marcha.

Desde el comienzo de la actividad de la empresa privada, su gestión y desempeño económico fue bastante deficiente. En el primer año de gestión, las pérdidas contables resultaron casi equivalentes al 9% de la facturación total. Al mismo tiempo, fue notoria la pérdida de participación en el mercado postal, que pasó del 43,4% en 1997, a 40,9% en el año 2001

La política que adoptó entonces  la empresa privada fue un acelerado e intenso proceso de expulsión de mano de obra, como mecanismo para mejorar los niveles de productividad frente a sus principales competidores (OCA y Andreani, entre otros). A ello se le sumó el recorte de beneficios laborales que garantizaba el convenio colectivo firmado en 1993, y el cierre de gran cantidad de estafetas postales.

Esta última cuestión merece algunos comentarios. Como parte de los compromisos contractuales asumidos, CASA debía realizar inversiones por un valor aproximado a los 100 millones de pesos/dólares en los primeros cuatro años de gestión. Si bien la empresa realizó parte de las inversiones comprometidas, presionó sobre las autoridades estatales, básicamente  la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, en ese entonces dependiente de la Presidencia, para que las indemnizaciones correspondientes al concepto de “retiros voluntarios” fueran considerados como una “inversión” y enmarcada en los compromisos asumidos en el contrato de concesión. Cabe hacer notar que los retiros voluntarios comprendieron a casi 3.500 trabajadores, que se sumaron al despido de alrededor de otros 5.600 trabajadores, con lo cual el plantel del correo se redujo en alrededor de 11.000 trabajadores. La Secretaría aceptó el criterio empresarial, el cual fue posteriormente observado por un dictamen de la Auditoría General de la Nación al expresar que “los montos abonados por el Concesionario en concepto de indemnizaciones comprendidas dentro del plan de Retiros Voluntarios del Personal, no deben ser considerados como inversiones realizadas en el marco… del Contrato de Concesión”.

Pero como el deficitario desempeño de la empresa continuó, la estrategia derivó en la búsqueda de una fusión con otra firma del sector, aún en carácter de socio minoritario. En ese marco hubo negociaciones con el grupo Exxel –en ese entonces, responsable de la principal firma competidora como era OCA– para encarar un proceso de fusión. Después de casi un año de intercambio de propuestas, a mediados de julio de 2000 se realizó la presentación ante la Secretaría de Defensa de la Competencia. Sin embargo, antes de que esta se expidiera negativamente, ambas empresas desistieron de la operación. No obstante ello, el grupo Socma continuó anunciando públicamente la búsqueda de un “socio estratégico que permitiera incorporar capitales y tecnologías a gran escala y una gran experiencia internacional”.

La principal problemática que planteaba la situación de CASA giraba en torno a, por un lado, los incumplimientos de sus compromisos de inversión y, por el otro, la decisión unilateral de la empresa que había dejado de abonar el canon a partir de marzo de 2000 (el último pago fue el 31 de agosto de 1999). Desde el inicio de la concesión el Grupo Macri aplicó una estrategia de reclamaciones sistemáticas destinadas a generar presuntas acreencias para condicionar o eximirse de su obligación contractual de pagar el canon. En un momento invocó  la competencia de otros correos privados., cuando la actividad postal había sido liberalizada en 1993. Luego ensayó con el argumento de que distintas reparticiones estatales no pagaban. El Estado las regularizó permitiendo una compensación. Entonces el Grupo Macri planteó otros supuestos incumplimientos del Estado. Mientras tanto la empresa concesionaria descuidaba el patrimonio que le había sido transferido en la privatización.

Finalmente la empresa Correo Argentino SA se presentó en convocatoria de acreedores el 19 de septiembre de 2001. La relación entre el Estado concedente y la empresa concesionaria pasó entonces por diversas etapas sin que se adoptara una solución a mediano plazo hasta que en noviembre de 2003 el Presidente Néstor Kirchner optó por la vía de que el Estado reasumiera los servicios oficiales del correo postal. Los decretos al respecto rechazaron todos los “reclamos, peticiones, recursos y/o reclamaciones interpuestas por el concesionarios y se dispuso la rescisión del contrato “por culpa del concesionario”.

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En diciembre de 2003 el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra y prohibió la salida del país de Franco Macri y del directorio que incluia a Angelo Calcaterra y a Néstor Grindetti. El Grupo propuso un pago a 25 años con una tasa de interés del 1 % anual (quita del 94 %). No fue aceptado.

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