El debate por la reforma constitucional, en Perfil

Sigal, Barcesat y Ferreyra

El debate por la reforma constitucional, en Perfil - Sigal, Barcesat y Ferreyra

 

 
 
La Constitución "Nac & Pop" que impulsa el Gobierno ya toma forma
 
El boceto que realiza el Movimiento por una Constitución Emancipadora cambia la ecuación impositiva, obliga al Estado a dar viviendas y modifica recursos naturales.
 
 
Por Mariano Confalonieri
  
26/08/12 - 03:52
 
 
Antes de la lipotimia. Cristina, saliendo del Sheraton, en la última actividad antes de que sufriera una baja de presión. Reapareció el viernes, en la Casa Rosada.
Notas Relacionadas
Carta Abierta apoya
Esconde el Gobierno un grave caso de estrés de la Presidenta
La reforma constitucional no es sólo una expresión de deseos del kirchnerismo. Un grupo de intelectuales y dirigentes oficialistas trabaja desde hace dos meses para convertirla en una realidad. El miércoles se cumplieron 18 años de la enmienda de 1994. Contra esa modificación quiere apuntar la Casa Rosada. Busca introducir un cambio ideológico estructural. “La reforma de 1994 se concibió bajo la tutela del consenso de Whashington y del neoliberalismo”, explican los asesores del Movimiento por una Constitución Emancipadora. La intención es que el “modelo nacional y popular” quede plasmado en la nueva Carta Magna para que, según lo que piensa el oficialismo, no se pueda retroceder en algunos derechos adquiridos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
 
“En esta Constitución prima la idea de un Estado mínimo y un mercado máximo”, analiza Eduardo Sigal, dirigente del Frente Grande y miembro del Movimiento que impulsa la reforma. 
Raúl Gustavo Ferreyra es profesor titular de Derecho Constitucional y no integra el proyecto pero es un hombre de consulta permanente para el kirchnerismo. En diálogo con PERFIL, dio otro argumento para la reforma: “Todos los que nacieron del ’76 para adelante no pudieron votar su propia Constitución”.
 
Eduardo Barcesat, otro constitucionalista reconocido, explicó que es una necesidad modificar la Carta Magna para incluir –por ejemplo– la integración regional, algo que hace un siglo ni siquiera estaba en carpeta.
 
Los tres coinciden en que es momento de hacer otra enmienda. Las diferencias llegan a la hora de debatir si se incluye la reelección indefinida o un sistema parlamentario de gobierno. Ferreyra aboga por el sistema parlamentario. Barcesat, en cambio, por la no limitación para elegir al titular del Poder Ejecutivo. “Eso no quiere decir que quiera un tercer mandato de Cristina. Pero el Poder Judicial es vitalicio, el Legislativo no tiene límites, no veo por qué el Ejecutivo sí debe tenerlos”.
 
Todos dicen querer reducir el “hiperpresidencialismo”, plasmado en los artículos 76 y 99 inciso 3 de la Constitución. En el primero se establecen “excepciones” para que el Ejecutivo pueda legislar. En el segundo, se le otorga al gobierno la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU), saltando por encima del Congreso. “Hay que desconcentrar las atribuciones del Poder Ejecutivo y devolvérselas al Congreso”, manifiesta Ferreyra. “El presidente no puede legislar”, enseña.
 
El oficialismo quiere meter cambios en el sistema político y el tributario, además de alterar la tutela de los recursos naturales. En el artículo 124, la actual Constitución establece que corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales. Para los especialistas, esos recursos deben ser federales porque, de lo contrario, “existen provincias ricas (las que tienen petróleo) y provincias pobres”.
 
La Constitución actual sólo hace una referencia superficial sobre los impuestos: “La igualdad será la base de los impuestos y las cargas públicas”. “Hoy, en la Argentina, la recaudación es 80% por gravar el consumo y 20% por gravar la riqueza. Ese esquema debe invertirse”, dice Barcesat. Ferreyra opina, además, que tiene que quedar explícito en el artículo porque, de lo contrario, queda a la libre interpretación de los gobernantes.
Ferreyra tiene dudas sobre la creación de un tribunal constitucional. “Está bien que haya un tribunal que se dedique a analizar la inconstitucionalidad de una ley, pero los jueces no tienen que perder tampoco esa posibilidad”, manifiesta. La idea original corresponde a Eugenio Zaffaroni y apunta a evitar que todo lo que pasa en el país llegue a la Corte Suprema.
 
Barcesat añade que todavía falta trabajar sobre las posibilidades para los más desposeídos y que, por eso, debe cambiarse el artículo 14 bis de la Constitución, estableciendo obligaciones concretas por parte del Estado. 

Deje su comentario: